Nos sumamos a la propuesta de revisión del proyecto de ‘Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y protección al Denunciante’ y pedimos una mayor protección de los alertadores.

En Fíltrala, centramos nuestra actividad en la premisa de garantizar la seguridad y el anonimato de quienes deciden denunciar malas prácticas o corrupción que atente contra el interés público. Por este motivo, apoyamos la propuesta de revisión de la ‘Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y protección al Denunciante’ que actualmente se está tramitando en el Congreso y que han llevado a cabo Blueprint for Free Speech, Corruptil y FIBGAR, organizaciones de la sociedad civil con las que la Associated Whistleblowing Press / Fíltrala colabora habitualmente.

A pesar del avance que supone el planteamiento de una propuesta de Ley que ponga sobre la mesa la protección de los filtradores, la actual carece de una serie de garantías que la alejan de una protección efectiva e integral. En primer lugar, únicamente contempla la corrupción como infracción denunciable, dejando fuera otras malas conductas que atenten contra el interés público. Del mismo modo, contempla exclusivamente la protección de los alertadores que denuncien malas prácticas dentro del sector público. Por este motivo, pedimos que la tipología de la denuncia y el ámbito protegido sean ampliados incluyendo también al sector privado.

Además, en la actual proposición de Ley se limitan las vías que pueden ser utilizadas por los alertadores. Por ello, nos unimos a la recomendación de permitir y proteger las denuncias mediante distintos canales, algunos externos. Es fundamental la creación de distintos canales y procedimientos diseñados especialmente para la denuncia de información confidencial.

Como hemos afirmado, poder garantizar el anonimato del alertador es esencial para poder hacer frente a la corrupción y asegurar mayor transparencia. Por ello, es imprescindible que esta ley establezca canales que permitan las denuncias anónimas y así evitar que los alertadores corran ningún riesgo.

Asimismo, se debe proporcionar una protección integral al alertador que incluya apoyo legal gratuito, protección laboral y la cobertura de las costas judiciales en caso de necesitarlo, además de otros tipos de ayuda o apoyo médico o psicosocial.

Con todo ello, esperamos que, junto a las recomendaciones planteadas, la ley cumpla los mínimos de la reciente Directiva para protección de los alertadores que la Comisión Europea está estudiando y la amplíe en cuestiones fundamentales como, por ejemplo, el derecho al anonimato del denunciante.