Defendiendo el whistleblowing en España

//Defendiendo el whistleblowing en España

Si hay algo en lo que cualquier persona, tenga la ideología que tenga, puede ponerse de acuerdo, es en la importancia de luchar contra de la corrupción. Este mal, tan arraigado en España, que no distingue de partidos, es algo que afecta a la sociedad en general, y, por lo tanto, debe ser erradicado por el bien común. Si este es el caso, ¿por qué no utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición?

Según varios estudios e informes de organizaciones internacionales, el whistleblowing, o la cultura de la denuncia positiva de las filtraciones de interés público, es uno de los métodos más efectivos de exponer, entender y combatir la corrupción en una sociedad. Piénsalo bien. Si no fuera por personas valientes, muchas veces anónimas, que arriesgaron su bienestar para denunciar un hecho corrupto a sus jefes, instituciones oficiales o la prensa, muchas tramas corruptas continuarían operando en la oscuridad. Gracias al whistleblowing hemos conocido temas como el de los correos de Blesa, el escándalo de las tarjetas Black, los borradores secretos de las negociaciones del TISA y el TTIP, la evasión fiscal en el HSBC, los llamados ‘Papeles de Bárcenas’…

Con una cultura tan activa de filtraciones de interés público en España -que algunos achacan a la falta de confianza en las instituciones de control-, sorprende mucho que no existan mecanismos de protección a denunciantes y que el tema no sea objeto de debate público.

Desde Fíltrala, queremos hacer nuestra parte para que se reconozca la labor que realizan nuestras fuentes en pos de una mejor sociedad. Para eso, sabemos que para decidir proteger debemos comenzar por conocer.

¿Qué es el whistleblowing?

El término whistleblower se originó en el Reino Unido y significa literalmente ‘el que suena el silbato’, en una referencia anticuada a un policía que alerta al público de la presencia de un ladrón. Con el paso del tiempo, la palabra ha llegado a denominar a una persona que denuncia de buena fe actos ilícitos que no son de conocimiento general, alertando a gente en su empresa, líneas de teléfono dedicadas, ONG’s o la prensa, para exponerlos e intentar ponerles fin.

La dificultad de la traducción de este término a otros idiomas, ha llevado a problemas en cómo estos denunciantes son percibidos por el público. En algunos casos se usan traducciones con connotaciones negativas, o, por falta de una palabra mejor, se toma el término directamente del inglés. Esto no solo causa problemas de cara a la opinión pública, sino también a la hora de redactar legislación específica para protegerlos. En general, el punto en común de muchas definiciones es que la denuncia se haga en buena fe y con sospechas razonables. De esta forma, lo que se toma en consideración es el interés público, que presupone las dos anteriores.

En español las traducciones que más se acercan al término, sin ser peyorativas, son informante, denunciante, filtrador, o denunciante de corrupción.

¿Por qué es importante?

Proteger a los informantes, o crear situaciones en las que pueden hacer denuncias de forma segura, es una parte esencial de la lucha contra la corrupción. Es una tendencia comprobada y muy documentada en distintos lugares del mundo: mientras menos protección exista para informantes, filtradores y denunciantes, más posibilidades hay de casos de corrupción.

Esto es especialmente notorio en el caso del sector público, donde una adecuada protección a quien decide denunciar malas prácticas lleva en muchos casos a evitar el mal uso de fondos públicos, sobornos, derroche de recursos y otras formas de corrupción. En el sector privado, proteger a los denunciantes ayuda a mantener un ambiente de trabajo saludable y transparente, que a la larga puede ser importante para una compañía.

Sin embargo, una buena parte de esta protección no es desde el punto de vista de lo legal, sino cuestión de percepción sobre su labor. Si la opinión pública entiende que la corrupción es un mal para toda la sociedad, y que las filtraciones de este tipo son una buena estrategia para contrarrestarla, es mucho más difícil que aquellos que deciden denunciar puedan sufrir consecuencias negativas por sus actos, como persecución legal, pérdida de empleo etc.

En definitiva, crear una cultura sana de transparencia es igual de importante que diseñar una legislación específica de protección al informante.

Una práctica reconocida

El reconocimiento de la importancia del whistleblowing no viene únicamente de ONG’s u organizaciones pro transparencia. El G20, la organización formada por las 20 economías más poderosas del mundo, ha realizado estudios para mejorar las condiciones y protecciones legales en sus jurisdicciones. Si bien están en diferentes etapas de desarrollo, y que no existe un marco uniforme ni una estrategia común para enfrentarse a esta tarea, existen varios instrumentos legales internacionales que se refieren al tema. Por ejemplo, requisitos de protección a denunciantes han sido introducidos en la ‘Convención de las Naciones Unidas contra de la Corrupción’ o recomendaciones de la OCDE, entre otros.

De esta forma, provisiones legales para la protección de denunciantes pueden encontrarse en variedad de jurisdicciones, formatos y objetivos concretos.

En los mejores casos, existe legislación dedicada y avanzada para tratar el tema, como el ‘Whistleblower Protection Act’ de Japón, el ‘Protected Disclosures Act’ de Sudafrica o el ‘Public Interest Disclosure Act’ del Reino Unido, considerado el mejor de todos, ya que protege el sector público, el privado y da una definición amplia de lo que constituye la práctica.

En otros casos, existen protecciones específicas pero menos amplias en el código penal, prohibiendo, por ejemplo, que se tomen medidas en contra de denunciantes que hacen pública información relativa a corrupción u otros crímenes. También existen referencias en leyes sectoriales (sobre medioambiente, corrupción, finanzas, etc.), o dedicadas exclusivamente a funcionarios públicos.

El caso de España

A pesar del valor claramente establecido entre denunciantes y prevención de corrupción, solo 4 países en la Unión Europea tienen marcos de protección avanzados, 16 tienen protecciones parciales y los 7 restantes tienen marcos legales muy limitados o inexistentes. Entre estos últimos está España.

Según un exhaustivo estudio de Transparencia Internacional sobre la protección a whistleblowers en la UE, en España no existe legislación que sirva para proteger a trabajadores públicos y privados de acciones en su contra por exponer actos ilícitos. Además, no hay códigos administrativos o de trabajo que los proteja, y, consecuentemente, no hay una cultura que motive a ciudadanos y trabajadores a reportar corrupción a las autoridades.

En los últimos años, la OCDE ha recomendado instaurar leyes específicas de protección en sus planes de lucha contra la corrupción, sin embargo las autoridades no han respondido de forma clara y al parecer no hay una intención de llevar a cabo reformas. En un caso, el gobierno citó los derechos del estatuto básico de trabajadores públicos, sin embargo, este no protege de represalias y no se refiere al sector privado.

Esta situación es particularmente grave si se tiene en cuenta la proliferación de denuncias anónimas y filtraciones a los medios, algunas de las cuales han sido de gran relevancia política. En última instancia, a pesar de haber revelado actos importantes de corrupción, a la opinión pública y a las autoridades, las personas detrás de actos tan necesarios se encuentran totalmente desprotegidos frente a posibles represalias graves.

¿Qué podemos hacer?

Como ya mencionamos, hay dos estrategias paralelas pero complementarias: por un lado, presionar para la creación de legislación específica de protección, y, por otro, una labor importante de comunicación de cara al público.

Desde Fíltrala, con apoyo de otras organizaciones que luchan por la misma causa, pretendemos seguir ambos caminos de forma resuelta y clara.

Vamos a crear un lobby de defensa del whistleblower, presionando a partidos políticos, nuevos y viejos, para que se comprometan a luchar contra la corrupción y el abuso de poder diseñando legislación específica de protección. No nos conformaremos con leyes parciales, en códigos menores o sectoriales: dada la situación en España, exigimos una ley integral, dedicada y pensada específicamente para proteger de forma amplia a denunciantes del sector público y privado, diseñada siguiendo las recomendaciones de expertos internacionales en el tema.

Además, con tu ayuda, seguiremos filtrando información de interés público, demostrando con la práctica la importancia del whistleblowing para nuestra democracia.

2019-01-31T17:37:20+00:00 9 diciembre, 2015|